¿Hay una mafia de Derechos Humanos?

La misión de las ONG de “Derechos Humanos” en Colombia no es otro que el de atacar a cualquier costo a las Fuerzas Militares y defender a las narcoguerrillas marxistas.

Una de las técnicas usadas fue la de infiltrar y corromper las legítimas autodefensas que, ya penetradas por la subversión, degeneraron en bandas de narcotraficantes y asesinos que, mediante su crueldad, hicieron ver las masacres de las FARC como algo que era parte de la “dinámica de la guerra”.

El negocio de los Derechos Humanos, cuyo principal financista es George Soros, el descarado especulador que, según los entendidos, vive del negocio del narcotráfico, tiene tantos brazos como la más tenebrosa de las mafias. Infiltraron la Fiscalía y se apoderaron del ala de “Derechos Humanos” de esa entidad con el fin de levantar informes y procesos falsos en contra de las Fuerzas Militares, y metieron sus cuadros en la Procuraduría, donde aterrizaron los activistas de izquierda -muchos de ellos financiados por Soros- para cumplir con la tarea de la Internacional: Destruir el Ejército y convertirlo en una fuerza al servicio de las ideas castristas.

Durante mucho tiempo, Human Rights Watch, entidad privada creada y financiada por Soros, ha manejado el tema de Derechos Humanos en Colombia decidiendo que los militares van para la cárcel y que a los terroristas se les amnistía. Soros puso a dirigir HRW a José Miguel Vivanco, el extremista chileno de la Unidad Popular que tanto daño ha hecho en nuestra región, y quien, sorprendentemente es el que da su visto bueno (o malo) acerca de los funcionarios que manejan el tema de los Derechos Humanos. Fueron Soros y Vivanco quienes urdieron el plan para que el General Rito Alejo del Río, tal vez el mayor combatiente contra la narcosubversión, y quien limpiara de bandidos toda la región de Urabá, fuera retirado del servicio activo y se le levantaran docenas de procesos, todos con falsos testigos.

También fueron Soros y Vivanco quienes presionaron al gobierno de Álvaro Uribe condicionando la ayuda económica de Estados Unidos al retiro de los más valientes oficiales combatientes de los narcoterroristas.

Para llegar a feliz término el caballito de batalla de los Derechos Humanos, usado contra las Fuerzas Militares, Soros y Vivanco se relamieron de la dicha porque en el gobierno de Uribe se les dio todo lo necesario: Un cabecilla narcoguerrillero nombrado para dirigir el programa presidencial de Derechos Humanos en los 8 años de Uribe (Carlos Franco), un comandante de las FF.MM de izquierda (Fredy Padilla de León), un ministro de Defensa de izquierda (Camilo Ospina) que anulara el fuero militar y entregara a los uniformados en manos de un Fiscal torcido y aliado del hampa (Iguarán), y luego otro ministro de Defensa, ficha de los Castro, receptor de ayudas soristas, que odiara a las Fuerzas Militares: Juan Manuel Santos.

Así que, en todo este menjurje de cosas, no es raro encontrar violadores de Derechos Humanos en estrecha amistad y pactos con quienes deberían combatirlos: los Fiscales de Derechos Humanos. Todos tienen la meta de destruir la institución militar. No importa si en ese camino se condenan inocentes y se premian bandidos. Lo más importante es la consigna del Foro de Sao Paulo: Arrasar con el Ejército.

El fiscal 73, José Lindon Piracón Puerto, en amena charla con un procesado, el cabo Carlos Eduardo Mora. Ambos niegan haberse reunido

En estos pactos insanos, sobresale la relación de José Lindon Piracón Puerto, Fiscal 73 de DD.HH, y el cabo retirado del Ejército Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar, quien se adjudicó varias muertes y que “debería” ser procesado por 4 asesinatos. “Debería”, pero no. Porque el Fiscal Piracón le dio una ayudadita con la condición de que Gutiérrez colaborara en la tarea de bombardear la institución castrense y aniquilar a los abogados defensores de militares.

Gutiérrez estaba requerido por la Fiscalía, a causa de varios homicidios, así que el 6 de agosto de 2009 se le expide boleta de captura al cabo, con orden de ser encarcelado en los calabozos del batallón la Brigada 30. Pero, como si fuera una jugada del hampa, un misterioso oficio firmado por Lindon Piracón, Fiscal 73 de DD.HH, ordenó que Gutiérrez fuera trasladado a los calabozos del DAS. Algo totalmente irregular que tendría su explicación.

Al siguiente día, Gutiérrez comparece ante el Fiscal 73, Piracón, y rinde su declaración. Confiesa de todo e involucra a varios oficiales en lo que Santos echó a andar siendo Mindefensa: Los Falsos Positivos. Ese día de la declaración, Gutiérrez llegó ante el Fiscal con evidentes signos de tortura. El 10 de agosto, 3 días después de esta declaración, Gutiérrez, ya más repuesto, escribe una carta al Fiscal Piracón y lo acusa de haberlo enviado al DAS para ser torturado y coaccionado para declarar en contra de altos oficiales. El 18 de noviembre, Gutiérrez instaura denuncia penal contra Piracón. Luego, en noviembre 21 de 2009, Gutiérrez amplía su declaración y narra todas las barbaridades a las que fue sometido en las instalaciones del DAS, y las presiones del Fiscal Piracón para denunciar falsamente a varios oficiales del Ejército. En esta ocasión se retracta de su versión y asegura que ese 7 de agosto mintió porque así se lo ordenó el Fiscal.

Al Fiscal Piracón le abren proceso por prevaricato el 18 de noviembre de 2009. En febrero de 2010 el cabo Gutiérrez amplía la denuncia y cuenta que últimamente Piracón lo ha llenado de regalos, lujos, invitaciones a almorzar, y que ha tratado de convencerlo para que le retire la denuncia y se ratifique sobre su primera versión, la de los “Falsos Positivos”.

Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar

En abril de 2011, esas “atenciones y regalitos” del Fiscal parecen surtir efecto. Gutiérrez se retracta de lo dicho contra el Fiscal Piracón, y se “retracta de haberse retractado” en sus acusaciones sobre los Falsos Positivos. Es decir, el cabo vuelve y dice que su primera indagatoria estaba bien, que los mandos militares son asesinos y que el Fiscal de DD.HH, Piracón, es un ángel del Señor. Y con esa “retractación de su retractación”, la Fiscalía les monta procesos a varios militares y él se convierte en el testigo estrella del Fiscal Piracón.

En contraprestación por la “retractación de la retractación”, al cabo Gutiérrez se le premia con beneficios irregulares, se le otorga conexidad por todos los delitos confesados. La conexidad significa que Gutiérrez ya no sería procesado y condenado por todos los delitos que confesó, ya que el Fiscal Piracón unió todos esos procesos en uno solo, con lo cual Gutiérrez no pagaría los 80 ó 120 años (20 ó 30 años por cada uno), sino que se haría de cuenta que era un solo delito. 18 muertos en uno solo. Esto, con rebajas de penas y demás jugarretas legales, le significaría a Gutiérrez una pena de máximo 8 ó 10 años.

Esto ya es muy “irregular”, aunque la palabra real debería ser “fraude procesal”. Pero más “irregular” fue la manera como este Fiscal Piracón hizo de todo para beneficiar a su nuevo mejor amigo, ese que lo había denunciado por tortura y que ahora era su testigo clave contra los militares que se le diera la gana procesar.

Cuando el Fiscal 73, Piracón le decreta la conexidad al asesino confeso, la Procuraduría la impugna aduciendo que no existen en

Fiscal 73 de DD.HH José Lindon Piracon Puerto

esos procesos los requisitos para decretarla, según se definen en el Artículo 90. Así que eso pasa a revisión a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal.

Mientras se está haciendo ese trámite, Piracón vuela y le lleva los cuatro procesos al juez 2 penal de Circuito en Cúcuta, pero le oculta la impugnación de la Procuraduría y no menciona que el caso está en proceso de decisión. Así que el juez 2 recibe los casos y está a punto de dictar sentencia anticipada (que beneficiaría a Gutiérrez), pero se da cuenta de que hay algo raro ahí. Analiza el caso bien y se da cuenta de que no se cumplen los requisitos para la conexidad. Y decreta la nulidad.

Y siguen las cosas raras. Como si fueran los mejores amigos y estuvieran del mismo lado de la ley, el Fiscal 73, Piracón, y el abogado del confeso

criminal, Hermes Yoani Tolosa, apelan la decisión, aunque ambos sabrían que se estaba esperando la decisión de la Fiscalía Delegada. En otras palabras, buscaban hacerle conejo tanto a la Procuraduría como al Juez 2, y a la Fiscalía Delegada. Eso, si lo hubiera hecho un Fiscal no izquierdoso, hubiera sido llamado “Fraude Procesal”.

Así que con la apelación del Fiscal y del abogado del bandido, el caso de conexidad va hasta el Tribunal Superior, entidad que falla a favor del Fiscal 73 y del confeso asesino. El Tribunal otorga la conexidad y da orden al Juez 2 que siga con el proceso. Este honesto juez le pide al Fiscal Piracón que le entregue la decisión de la Fiscalía Delegada. Piracón, que para el momento no la había dejado ver de nadie, se la entrega al juez 2 y éste se da cuenta de las intenciones negras de la dupla Piracón-Tolosa (Fiscal y abogado del bandido), y regresa el proceso al Tribunal Superior anexando la decisión de la Fiscalía Delegada que niega la posibilidad de conexidad. El Tribunal reconoce su error y falla diciendo que no puede otorgársele ese beneficio al confeso Gutiérrez.

Extracto de Fallo de la CSJ en contra de la Tutela de Piracón y Gutiérrez

Y más cosas raras. En cambio de levantarle un proceso por fraude procesal al Fiscal Piracón, porque evidentemente intentó inducir a error al juez 2 e indujo a error al Tribunal Superior, La Corte Suprema de Justicia se abstiene y le pega una regañadita a Piracón, evitando usar la frase “fraude procesal” y solo diciendo que esta jugarreta fue una “indelicadeza” del Fiscal de DD.HH, Lindon Piracón.

Así que los procesos supuestamente siguieron separados. Se sabe que ya Gutiérrez fue condenado por uno de esos casos (el 4867), pero de los otros tres no se sabe nada. Raro.

¿Qué hacía el Fiscal Lindon Piracón en las audiencias contra el Concejal que asesinó a su esposa?

¿Se ha beneficiado a Gutiérrez con más almuercitos, regalitos y prebendas a cambio de ‘confesiones’ contra otros oficiales? No sabemos. Pero sí es un hecho que otro favorcillo que le hizo Piracón a Gutiérrez, fue salvarlo de que asistiera a la audiencia de imputación y medida de aseguramiento por el montaje contra la abogada Lorena Leal.

¿Cuál es la motivación de Piracón para proteger y defender a Gutiérrez, y, también, para perseguir a la abogada Lorena Leal? ¿Será solamente el perseguir militares? ¿O tendrá que ver con el caso del homicidio de María Claudia Castaño, prima de Lorena y asesinada por su esposo, el concejal de Cúcuta Julio César Vélez González? ¿Por qué el Fiscal 73 de DD.HH Lindón Piracón se ha visto asistiendo a las audiencias contra el concejal Vélez? ¿Interés profesional… o interés personal..? Lo averiguaremos.

Continuando…. ¿Qué pasa con el derecho de las víctimas? A la caneca fueron a dar, como sucede en este gobierno.

No nos extrañemos si el Fiscal 73 de DD.HH. José Lindon Piracón Puerto hace lo imposible para que el confeso asesino Néstor Guillermo Gutiérrez Salazar entre a gozar de los beneficios de la JEP, el tribunal de las FARC que tiene como objetivo la condena de militares, periodistas, abogados y políticos que hayan estado en contra de las FARC.

En esta Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que pregona transparencia y rectitud, esas promesas suenan a chiste cuando vemos que fiscales como éste siguen haciendo lo que se les da la gana con la Constitución y las leyes de Colombia.

Ricardo Puentes Melo

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